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Desde 1985 se ha despenalizado el aborto en este país. Pero para que la mujer lo pueda llevar a cabo debe cumplir con alguno de los tres supuestos que impone la ley: grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la embarazada, embarazo por violación y presunción de graves taras físicas o psíquicas para el feto.

¿Un derecho de la mujer?

El aborto es un tema que preocupa a nivel mundial. Mientras algunas naciones lo prohíben otras se encargan por dar a las mujeres una contención legal que cuide su vida; es así que en los últimos años las leyes referentes al aborto se han liberalizado en muchos países. En España, por ejemplo, se ha despenalizado para combatir los índices elevados de abortos ilegales (algo que la actualidad niega), con sus complicaciones consecuentes, y como reconocimiento del derecho que tienen las mujeres de gobernar su reproducción.

Pero el primer país en legalizar el aborto fue la Unión Soviética (1920), mientras que los países escandinavos (Islandia, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega) empezaron a legalizarlo en la década siguiente. En 1968 se aprobó una legislación liberal del aborto en el Parlamento Británico.

En 1975, los demás países de Europa Occidental (Alemania, Francia, etc.) tenían leyes restrictivas. Un caso especial es la República Popular China, donde se aprobó una ley irrestrictiva del aborto en 1975 y, desde entonces, este método se ha vuelto muy popular. Esto se debe a la actual insistencia del Gobierno respecto a que haya familias con un solo niño y niña, por su política en el control de la natalidad.

Se sabe, la interrupción del embarazo es una decisión sumamente importante y en extremo difícil de tomar. En España, es legal interrumpir voluntariamente el embarazo hasta las 20-22 semanas, siempre que se cumpla al menos uno de los tres supuestos legales que la ley contempla. En la actualidad existen dos tipos de aborto: el farmacológico (RU) pastilla que se legalizó en febrero de 1999 y el quirúrgico.

La ley española establece que un médico debe evaluar el caso y verificar que se pueda llevar a cabo el aborto. Tomará esta decisión si cree que hay un mayor riesgo para la salud mental o física de la mujer si continúa con el embarazo (primer supuesto). En el caso de que el riesgo sea para la salud mental de la embarazada deberá existir también un psicólogo o psiquiatra que lo certifique. También está contemplado el aborto en caso de embarazo consumado en una violación de la que exista denuncia policial.

El tercer supuesto es la presencia de anomalías fetales incompatibles con la vida, alteraciones cromosómicas o defectos mayores del desarrollo del feto que comprometan su vida como persona sana. A este supuesto se lo denomina aborto eugenésico.

En resumen, la ley actual contempla tres supuestos para abortar: grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la embarazada -para lo que no hay límite de semanas de gestación-; embarazo por violación -hasta las doce semanas-, y presunción de graves taras físicas o psíquicas para el feto -hasta la semana 22-.

El aborto fue despenalizado en España en 1985. La ley de ninguna manera ha supuesto que las mujeres puedan ejercer el libre derecho a decidir si continúan o no con su embarazo, ya que la última palabra la tienen los otros: médicos, ginecólogos, psiquiatras, etc.

El Debate Hoy en España

El ministro de Sanidad, Bernat Soria, se ha mostrado hoy ’sorprendido y preocupado’ por la ‘virulencia’ de determinadas manifestaciones en torno al aborto en España y por que éstas se produzcan ‘a menos de dos meses de las elecciones’, cuando se trata de un tema que no ha sido objeto de debate en 20 años.

‘Me preocupa y me sorprende que, a menos de dos meses de las elecciones, un tema que en 20 años, y desde luego durante los 8 años del PP, no mereció ninguna de estas manifestaciones, ahora tenga este nivel de virulencia’, ha manifestado en declaraciones a los periodistas en Granada.

Esta situación está provocando ‘que las ciudadanas estén particularmente incómodas, sobre todo aquéllas que están en ese difícil momento’, ha lamentado Soria, quien ha dicho que ante esto el Gobierno ‘tiene que intervenir’.

El ministro, quien ha asegurado que la modificación de la ley ‘no está en la agenda política del Gobierno’, ha matizado que ‘lo que sí está’ es que el Ejecutivo garantice el cumplimiento de la ley y que ‘las ciudadanas que pasan por ese difícil momento de estar en uno de los supuestos que permite la interrupción voluntaria del embarazo lo hagan en las mejores condiciones de calidad, seguridad y de garantía y protección de sus derechos’.

Soria, que se reunirá el próximo jueves con la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), ha considerado que ‘recibir a los representantes de estas clínicas que han garantizado durante 20 años una prestación sanitaria en condiciones correctas no tiene que ser ninguna sorpresa, porque eso es lo que vengo haciendo con distintas asociaciones de profesionales todos los días’.

(fuente:larevista/Terra/Efe)